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Festejen, uruguayos, festejen!
Este miércoles el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, sorprendió al afirmar que los ochos generales arrestados no fueron sancionados por visitar al coronel procesado Tranquilinio Machado, sino que las medidas se aplicaron por una reunión que varios oficiales realizaron días atrás.
"Es importante que quede suficientemente claro que las medidas no se tomaron por visitar al camarada que se encuentra a disposición de la Justicia (Tranquilinio Machado) quien se encuentra pasado por momentos muy difíciles, él, su familia, su círculo más cercado de amigos y camaradas, sino que se aplicaron por una actividad que se realizó por un conjunto de oficiales generales que fue previamente coordinada sin consentimiento del mando superior", dijo Rosales.
El comandante en jefe del Ejército agregó que esta reunión "obviamente produjo alteraciones en el normal cumplimiento del servicio" y que se realizará una "evaluación" de lo ocurrido, además de la sanción aplicada.
La versión dada por Rosales se contrapone con lo dicho por el propio subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez quien este miércoles señaló que la decisión de sancionar a los ocho generales fue tomada en conjunto con el presidente José Mujica, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla y el comandante en jefe del Ejército. El jerarca informó que la sanción, que supone tres días de arresto, fue adoptada luego de que las autoridades tomaran conocimiento de la visita que estos ocho generales realizaron al coronel Machado, procesado por el asesinato del militante izquierdista Ramón Peré durante la dictadura (1973 – 1985).
Menéndez explicó a los medios que la “forma coordinada” en que se realizó la visita y “sin conocimiento de las autoridades correspondientes”, llevó al gobierno a tomar las medidas, que están encuadradas dentro de lo que es el reglamento disciplinario del Ejército. Aclaró que estas sanciones forman parte del “proceso natural de la administración y nunca pueden significar una crisis”. Del mismo modo, subrayó que de ninguna manera se está pensando en algún tipo de relevo. Consultado sobre si estas sanciones pueden influir en la futura designación del nuevo comandante en jefe del Ejército, una vez que Rosales deje el cargo, Menéndez señaló que “eso se evaluará en el momento” y que por ahora no han analizado la “incidencia”.
Sanción leve (3 días de arresto) a los asesinos que visitaron al asesino preso
A pedido del comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rosales, el presidente José Mujica resolvió sancionar con tres días de arresto simple a los ocho generales que visitaron el viernes en la Guardia de Coraceros al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el asesinato del militante comunista Ramón Peré en 1973. La actitud de estos generales se suma a un intento de resistencia al arresto del general relevado Luis Pérez, y configura un cuadro que preocupa a las autoridades del Ministerio de Defensa.
El viernes, la mitad de los generales en actividad acudieron al lugar de reclusión de Machado y recién avisaron a Rosales cuando estaban en la puerta de la Guardia. Las autoridades ministeriales se enteraron del hecho a través de la llamada telefónica de un medio de prensa.
Desde el gobierno se había informado que el tema se analizaría en una reunión del gabinete de seguridad, pero la evaluación se adelantó y ayer por la mañana hubo una reunión en la casa del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que se encuentra con problemas de salud, donde los jerarcas de la cartera analizaron el tema. Por un lado se descartó el relevo de los generales, porque ésta sería una medida que generaría un alto grado de confrontación en un contexto ya de por sí complicado, dado que implicaría relevar a la mitad del generalato en actividad. Por otra parte, se consideró que ameritaba una sanción, en primer término por la "forma" en que se realizó la visita. Si bien la actitud de los generales no implicó la violación de alguna norma escrita en particular, sí se violaron "normas de la práctica". "En la verticalidad de mando va de suyo que tenés que comunicar hechos como éstos", señaló una fuente del ministerio.
A esto se suma una "actitud corporativa" de los generales, ya que no se trató de una visita aislada sino coordinada. El coronel retirado José Carlos Araújo, integrante del Foro Concordia y Libertad, dijo a Montevideo Portal que la del gobierno es "una sanción leve para quedar bien con dios y con el diablo".
Lo sucedido el viernes no es un hecho aislado.
Un grupo importante de generales en actividad ha expresado en diversas instancias su discrepancia con la forma de conducción de Rosales, porque entienden que es "demasiado tibio" o que no defiende en forma adecuada los intereses de la institución. En el caso del relevo del general de la División Ejército 1 (la más importante del país), Luis Pérez, el general relevado y Rosales discutieron especialmente por el tema Ley de Caducidad, y por la forma de conducirse de Rosales en general. El comandante en Jefe solicitó la destitución de Pérez.
Según informaron a la diaria fuentes del Ministerio de Defensa y del Ejército, cuando Rosales comunicó a Pérez su voluntad de relevarlo, hubo un intento de resistencia por parte de Pérez y algunos militares de su entorno, y eso motivó su posterior arresto. Consultado al respecto por la diaria, el ministro Luis Rosadilla aseguró desconocer el hecho.
Los jerarcas del ministerio son conscientes de las tensiones en la interna militar y evalúan constantemente la distribución de fuerzas. Por este motivo, entre otros, cuando Rosales deje su cargo este año, lo más probable es que asuma en su lugar un militar de confianza del gobierno, Daniel Castellá, actual jefe de la División Ejército 1 y hermano del subsecretario fallecido, Gabriel Castellá.
En este contexto, el abogado de Machado, Miguel Langón, presentó ayer la apelación a la sentencia del juez Ruben Saravia. Según explicó Langón a la diaria, se reiteraron los argumentos de que Machado actuó “bajo órdenes” y que hubo “un enfrentamiento
armado”. Alegó que su defendido tiene varios testimonios a su favor y que la otra parte tiene sólo las declaraciones de “un testigo único” y la trayectoria de la bala, y sostuvo que “cuando las versiones son contradictorias se anulan mutuamente”. Langón afirmó que “no se trata de un homicidio cualquiera”, sino que es “eventualmente exceso del uso de la fuerza por parte del oficial”. El catedrático de derecho penal consideró además que el argumento de que Machado actuó con “brutal ferocidad es un error técnico del juez” y que “el argumento de que Machado es peligroso es circunstancial”,
ya que el coronel retirado “se recibió después de abogado por la Universidad de la República” y esto muestra que “no representa un peligro” para la sociedad.
Respecto a la decisión del gobierno de sancionar a los generales que visitaron a Machado, evaluó que “visitar a los presos no es falta administrativa en ninguna parte del mundo”. Recordó que Mujica visitó al militar en actividad procesado Miguel Dalmao y acotó que es “una de las obras de caridad que está en el evangelio”.
Luis Casal Beck
Ocho de los 16 generales en actividad, concurrieron en forma simultánea a una unidad policial de Montevideo, a expresar su solidaridad a un colega retirado (Tranquilino Machado), al tercer día de su procesamiento por la magistratura (juez Ruben Saravia), por el asesinato de un militante estudiantil (Ramón Peré), en plena huelga general, decretada tras el golpe castrense de junio de 1973. La medida fue adoptada por los jerarcas castrenses, sin consultar previamente al comandante del Ejército, general Jorge Rosales (a quien lo llamaron cuando los ocho, estaban en la puerta del cuartel), y el acontecimiento se difundió de inmediato, y como reguero de pólvora por toda la prensa local e internacional, al igual que lo expresado por los uniformados en esa ocasión: su inquietud por el estado de indefensión en que se sienten los militares, ante las investigaciones que desarrollan los magistrados sobre violaciones a los derechos humanos en el ciclo dictatorial (1973-1985). La visita pasó a tener entonces, por su llamativa difusión, un carácter público.
Machado, de 60 años, un excatedrático de Estrategia en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), que se jubiló por razones de edad (55 años) en agosto de 2006, generó adhesiones que evidencian un estado de opinión y comportamientos que son atípicos en una organización tan vertical como el Ejército, cuyo comandante siempre debe saberlo todo y tener la última palabra. El general Rosales se inclinó por una sanción benévola, aunque podría haber dispuesto el relevo de los generales, dejándolos sin destino (en Uruguay no existe el pase a retiro automático, por decisión política, como ocurre en buena parte del mundo). Prefirió marcar la irregularidad del hecho, y abrir espacio a la reflexión, aunque "el síndrome Machado", quedó configurado.
La decisión del comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rosales, incrementó el malestar que existe con el comandante en filas del Ejército, donde se cuestiona el liderazgo del militar al recurrir a medidas disciplinarias para ejercer su jefatura, admitieron a LA REPÚBLICA fuentes de la fuerza de tierra. "La disciplina no es para mostrar si el comandante manda o no manda. El razonamiento militar es si se sanciona o no. Si hubo una actitud corporativa, es una falta grave y más aún por el grado de los involucrados. Hay una nueva contradicción en Rosales", opinaron fuentes militares, en actividad y en retiro. Otras fuentes del Ejército afirmaron que la situación de la fuerza de tierra "es un caos" y que "Rosales cada vez pierde más poder". "Se tiene que ir. Si no manda se tiene que ir, porque la situación del Ejército no se soluciona con sanciones", expresaron. Además advirtieron que el castigo recae sobre los oficiales que recibieron "todo tipo de apoyo a través de llamados y cadenas de mails que circularon en la interna del Ejército" por haber decidido visitar a Machado. "Siempre se dijo que la situación de Machado era un punto de inflexión, porque no solo era un alférez en 1973, sino que cumplía órdenes en una revuelta", indicaron las fuentes. Añadieron que una situación similar se produce con el general Miguel Dalmao, quien fue procesado por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagary. La sanción a los ocho generales es considerada un hecho "sin precedentes" en la fuerza de tierra". Sostuvieron que una medida de esas características no se adoptó ni durante la dictadura militar. La sanción dispuesta por Rosales es de tres días de "arresto simple". Eso implica que los ocho generales podrán cumplir su castigo en horarios de trabajo y luego trasladarse libremente a sus domicilios.
Tras cumplir la sanción, los generales objetados podrán recurrirla en las 72 horas inmediatas a su cumplimiento, en tanto no tendrán plazo para solicitar tribunal de honor si así lo entienden conveniente. Por otra parte, las fuentes destacaron que la sanción, al ser de carácter leve, no afectará el legajo de los generales.