Los representantes legales de los hijos adoptivos de la dueña de Grupo Clarín , Felipe y Marcela Noble Herrera, confirmaron que no apelarán la última medida de la Justicia, que ordenó una nueva extracción de sangre o saliva y su comparación con todos los datos del Banco Nacional Genético, decisión que reclamaban tanto las Abuelas de Plaza de Mayo como las querellas de las dos familias que iniciaron la búsqueda de dos nietos desaparecidos durante la dictadura militar. El ex juez Gabriel Cavallo calificó la decisión de sus defendidos como "un gesto de generosidad, de pacificación".
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, podría fijar en las próximas horas la fecha para realizar la extracción, pese a que siguen pendientes los recursos de apelación que Abuelas de Plaza de Mayo habían presentado cuestionando que el cotejo de los ADN se hiciera dentro de un plazo de tiempo determinado, y que quedaron sin resolver ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
El abogado de los hermanos Noble Herrera, Horacio Silva, al anunciar la decisión afirmó que "llegaron a la conclusión que dado el contexto y los padecimientos que han sufrido y, sobre todo, los efectos que han generado en la salud de su madre, y con el solo objeto de ponerle fin a la causa, han tomado la decisión de hacerse la extracción y han aceptado además que la comparación sea con todas las familias que tengan información genética en el Banco",
La defensa de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, a través de un comunicado consignó que Marcela y Felipe no quieren exponer a su madre "a nuevos agravios y sufrimientos durante el extenso plazo que podría durar una apelación ante la Corte", debido a "su edad y estado de salud".
Alejandro Carrió, Roxana Piña, Ignacio Padilla y Horacio Silva calificaron el caso de "inédito hostigamiento político y mediático" y como "algo sin precedentes en el país".
La causa comenzó hace 10 años
El lunes 30 de abril de 2001, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, presentó la primera querella penal contra la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, por "supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios" de sus hijos adoptivos Marcela y Felipe.
El 17 de diciembre de 2002, el juez Roberto Marquevich dispuso que la policía condujera detenida a Ernestina Herrera de Noble para tomarle declaración indagatoria por el delito de “uso de documento público falso” e inmediatamente le negó la excarcelación. Poco después, la Cámara Federal de Apelaciones dispuso desplazar de la causa a Marquevich endilgándole parcialidad y anuló la resolución.
En marzo de 2003, el expediente pasó al juez federal Conrado Bergesio, quien resolvió que no está probada la existencia de delito por parte de Herrera de Noble y la desvinculó de presuntas irregularidades en los trámites de adopción de sus hijos. La resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, por lo cual a partir de ese momento sólo quedó pendiente el tema relativo al examen de histocompatibilidad.
En diciembre de 2009, luego de que la causa estuviera detenida cinco años, la Cámara de San Martín ordenó al juez Bergesio realizar los estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El 29 de diciembre de 2009, Felipe y Marcela entregaron sangre y saliva voluntariamente, pero para que fuera cruzada con las dos familias querellantes. Al día siguiente, el juez ordenó un allanamiento para obtener objetos personales.
Cuando todo estaba listo para la realización del examen, el 20 de marzo de 2010, la Sala II de la Cámara de Casación Penal dictó un nuevo fallo suspendiendo el estudio mientras tramitaba un recurso. Posteriormente, la Cámara de Casación rechazó por razones formales el recurso sin pronunciarse sobre el fondo del mismo, por lo cual la resolución de la Cámara de San Martín, que había dispuesto que el cotejo no se limitara a las dos familias querellantes quedé temporalmente firme.
El 28 de abril de 2010 la Cámara de San Martín apartó de la causa al juez Bergesio, aceptando una recusación presentada por el fiscal, y el expediente pasó a manos del juzgado Criminal a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que fue quien realizó las últimas gestiones del largo y sinuoso litigio.
El 28 de mayo de 2010, luego de la negativa de los jóvenes a realizarse una nueva extracción de sangre, la jueza dispuso la obtención del material genético de las prendas que vestían Marcela y Felipe, para lo cual fueron interceptados en la vía pública, pero en aquella ocasión no se pudo extraer un perfil genético "indubitable" de cada uno de ellos sino varios porque las muestras estaban contaminadas.
Finalmente el 16 de marzo de 2011, la Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión de extraer nuevas muestras biológicas de sangre o saliva a los hermanos "con o sin su consentimiento", y el 2 de junio último, la sala II de la Cámara de Casación Penal avaló la extracción pero limitó el cotejo a un período de tiempo acotado, que fue la decisión que apelaron las Abuelas.
Hoy, justamente cuando vencía el plazo para apelar el fallo de Casación, Marcela y Felipe anunciaron que aceptaban la extracción de sangre y la comparación con todo el BNDG.
Estela Carlotto: “Es una muy buena noticia”
"Desde hace más de diez años que esperábamos una noticia alentadora sobre este caso", dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al referirse a la decisión de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble de aceptar la extracción de muestras de sangre. Para Estela de Carlotto, el giro que tuvo la causa “reduciría los plazos para dilucidar la identidad" de esos jóvenes cuya vida "era un infierno".
El objetivo de Abuelas es "devolverles sus derechos (a los hermanos Marcela y Felipe), si fueran los nietos que estamos buscando; una cuestión de larga data, muy terrible, que padecemos la sociedad y sobre todo ellos, como víctimas", definió.
Lo que hará el cotejo de su ADN con todos los del Banco Nacional de Datos Genéticos es establecer con certeza si son hijos de desaparecidos durante la última dictadura y, puntualmente, "quiénes serían las familias", precisó.
Además, consultada por Télam sobre si con la obtención del ADN y la comparación con todos los datos del Banco "se acabó el tema", Carlotto contestó que sí, "exactamente", ya que, "después, la Justicia actuará, establecerá responsabilidades, pero ya las cuestiones se resolverán en otro nivel".
"Si la señora de Noble está incursa en delitos, la Justicia es la que tendrá que hablar. Eso para nosotros es secundario, hay que hacerlo, pero el interés de Abuelas siempre es el encuentro, antes de que nos vayamos de este mundo, de los nietos que nos robó la dictadura", concluyó.
“Es indispensable avanzar en la búsqueda de justicia"
El ministro de Trabajo calificó de “buena decisión” la que tomaron los hijos de la dueña del Grupo Clarín al aceptar la extracción voluntaria de sangre para cotejarla con todas las muestras del Banco de Datos Genéticos a fin de determinar si son hijos de desaparecidos. Además, consideró que el giro que tuvo la causa es producto de “una larga lucha que están llevando adelante las Abuelas de Plaza de Mayo, que acompañamos y apoyamos firmemente".
Para Carlos Tomada, “todo lo que sea avanzar en esta búsqueda de Memoria, la Verdad y la Justicia, en dirección a los hijos, me parece que es una tarea indispensable". Y por eso subrayó que "el sólo hecho que (desde la defensa de Marcela y Felipe Noble Herrera) se haya decidido aceptar y no apelar por lo menos es un paso adelante".
"Celebro esta decisión. Espero que sea todo lo plena y abierta que debe ser la comparación", dijo el titular de la cartera laboral, y añadió: "Después de tanto tiempo y evasión, uno a veces toma algunos recaudos de prevención. Pero prefiero ser optimista y pensar que esta es una asunción del derecho que ellos tienen. Me parece una muy buena decisión".
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